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BOLILLA 2 ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA PROVINCIAL ART. 413 CPCC CBA TSJ proce civil

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BOLILLA 2 ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA PROVINCIAL ART. 413 CPCC CBA TSJ proce civil
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  1 SENTENCIA NUMERO: 65 En la ciudad de Córdoba, a los 10 días del mes de junio de dos mil ocho, siendo las 10.45 horas, se reúnen en audiencia pública, los Sres. Vocales integrantes de la Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia, Doctores Armando Segundo Andruet (h), Domingo Juan Sesín y Carlos Francisco García Allocco bajo la presidencia del primero, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "VAZQUEZ CARLOS ARMANDO C/ TRUST & DEVOLOPMENT SA  –   ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA  –   EXPTE. 182711/36  –    RECURSO DIRECTO” (V -13-05) , procediendo en primer lugar a fijar las siguientes cuestiones a resolver: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso directo impetrado por la parte actora? SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿Es procedente el recurso de casación deducido al amparo de la causal prevista en el inc. 1º del art. 383 del CPCC?. TERCERA CUESTIÓN: A todo evento ¿Qué pronunciamiento corresponde? Conforme al sorteo que en este acto se realiza, los Sres. Vocales votan en el siguiente orden: Doctores Armando Segundo Andruet (h), Carlos Francisco García Allocco y Domingo Juan Sesín.-A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR, ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (h), DIJO: I. La parte actora  –  mediante apoderado- deduce recurso directo en estos autos caratu lados: “VAZQUEZ CARLOS ARMANDO C/ TRUST & DEVOLOPMENT SA  –   ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA  –   EXPTE. 182711/36  –   RECURSO DIRECTO” (V -13-05), toda vez que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quinta  Nominación de esta ciudad, le denegó (Ai nº 380 de fecha 03 de octubre de 2.005) el recurso de casación oportunamente deducido contra la sentencia número ochenta y nueve de fecha 30 de mayo de 2.005, con fundamento en la causal prevista en el inc. 1º del art. 383 del CPCC. Radicadas las actuaciones por ante esta Sede, dictado y firme el decreto de autos (fs. 65) queda la causa en condiciones de ser resuelta.- II. El tenor de la presentación directa, en los límites que ahora interesa, es susceptible del siguiente compendio: Luego de relacionar brevemente los antecedentes de la causa y transcribir  –  de un modo literal- el recurso de casación que le fuera denegado, el quejoso asegura que  –  diversamente a lo resuelto en la denegatoria- los vicios denunciados por su parte atañen al ámbito de lo formal propio del remedio intentado. Así, explicita que en la especie se ha discutido simple y estrictamente cuáles son los presupuestos procesal de admisibilidad de la acción declarativa de certeza que prevé el art. 413 del CPCC y, más particularmente, en qué consiste el estado de incertidumbre que es requisito para la admisibilidad formal de la misma. Manifiesta que en la repulsa se ha acudido a una mera muletilla dogmática e inmotivada (consistente en que su parte se “limita a manifestar su disconformidad”) omitiendo –  con ello- responder a los concretos y específicos agravios desarrollados argumentalmente en sustento de su impugnación. Por lo demás, insiste, su embate casatorio no  puede ser rechazado bajo el rótulo de mera discrepancia toda vez que las censuras en él expresadas se referían  –  rigurosamente- a una cuestión procesal sin referencia alguna a los derechos sustanciales que  pudieran asistir a las partes, y por tanto subsumibles en la hipótesis del inc. 1º del art. 383 del CPCC. Acto seguido, señala que el entendi miento del a quo de que su decisión fue conforme a la “buena lógica” no constituye fundamento ni motivación válida, a más de erigirse en un claro supuesto de extralimitación funcional, desde que el juicio que habilita el art. 386 del CPCC sólo autoriza a examinar la admisibilidad de la casación intentada y no su procedencia sustancial. Por tales razones, solicita se haga lugar al recurso directo impetrado. III. Contrariamente a lo decidido por el a quo y a lo afirmado por la demandada recurrida, considero que prima facie, concurren las condiciones formales, en cuya virtud la ley habilita esta etapa extraordinaria. En efecto, al margen de la configuración o no de los vicios denunciados al amparo de la causal prevista por el inc. 1º del art. 383 del CPCC, lo cierto es que la cuestiones argumentadas por el quejoso (falta de fundamentación lógica y legal y errónea interpretación de la normativa procesal aplicada) son de naturaleza estrictamente formal, lo que abre la instancia casatoria articulada por el recurrente. Por ello corresponde conocer sobre la impugnación casatoria deducida (art. 407, primera parte, del CPCC). Voto por la afirmativa a la primera cuestión planteada. A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CARLOS FRANCISCO GARCIA ALLOCCO, DIJO: Adhiero a la conclusión expresada  por el Vocal del primer voto. Así voto. A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO JUAN SESIN, DIJO: Adhiero a la respuesta proporcionada y expresada por el Señor  2 Vocal Doctor Armando Segundo Andruet (h). Por ello, voto en idéntico sentido. A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR, ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (h) DIJO: I. Atento a la respuesta dada a la primera cuestión corresponde declarar mal denegado el recurso de casación y concederlo por ésta vía. II. La admisión de la queja impone la restitución del depósito efectuado en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 78 de la Ley 8805, que fuera condición de su admisibilidad formal. III. Interpuesto el recurso de casación en tiempo y forma, se corrió traslado a la contraria quien lo evacuó a fs.34/48. IV. Los términos que informan el memorial casatorio admiten la siguiente síntesis: IV.1. Violación a los principios de no contradicción y razón suficiente: Sostiene el recurrente que la afirmación sentencial conforme la cual “...el actor no peticiona que se le aclaren sus dudas, sino que –  solicitando la satisfacción de un derecho que afirma como existente- pide que se declare su posición o postura es la correcta; no quedando nada por declarar” resul ta autocontradictoria e inmotivada. Así, sostiene que no puede afirmarse por un lado que el actor ha peticionado una declaración determinada y por el otro que no queda nada por declarar. Por lo demás, asegura que el aserto bajo anatema no brinda las razones en mérito de las cuales la petición de una declaración en un determinado sentido deja al Tribunal sin declaración posible. IV.2. Violación al principio de razón suficiente: Expresa el recurrente que los argumentos por los cuales se desestima su pretensió n (relativos a que su parte “...no peticiona que se le aclaren sus dudas” o que “admite tener una posición claramente asumida en torno a sus derechos”) constituyen una motivación insuficiente  puesto que  –  tal como se habría alegado al expresar agravios de apelación- la incertidumbre requerida para la admisibilidad de la acción es de naturaleza “objetiva” careciendo de toda relevancia o trascendencia el estado de incertidumbre o convicción subjetiva que ostenten las partes. Así, explicita, la motivación dada parte de una confusión respecto a la naturaleza, calidad y características de la incertidumbre que se postula como requisito de admisibilidad de la acción intentada. Por lo demás, argumenta, no se habrían desarrollado en el decisorio razones que justifiquen por qué una certidumbre de naturaleza subjetiva resultaría obstativa de su  pretensión. Acto seguido, y a los fines de justificar la dirimencia de la cuestión prescindida, apunta que la certeza subjetiva que cualquier persona puede poseer respecto de cualquier hecho no excluye la posibilidad de la existencia de una incertidumbre objetiva con relación a ese mismo hecho. Aduce, en la misma línea, que la certeza subjetiva constituye simplemente una opinión, juicio o convicción de la persona (incluyendo componentes no necesariamente cognoscitivos tales como los sentimientos, morfología psicológica, intereses, etc.) y que lo fundamental para determinar la certeza jurídica no es el juicio interno del sujeto sino la realidad objetiva de la relación. En el caso de autos, afirma, la Cámara habría rechazado su demanda con  basamento en sus expresiones relativas a la convicción subjetiva que ostenta acerca de la relación jurídica de que se trata, pero nada habría dicho sobre lo esencial que sería la sustancia de esa relación; esto es su certidumbre o incertidumbre objetiva. Postula que el a quo no se habría pronunciado sobre la certidumbre objetiva de la relación con lo cual mal podría entenderse que no se configura el requisito de admisibilidad que  –  a su criterio- radica no en la esfera íntima o psicológica de las partes, sino en el plano objetivo de las relaciones. Y, garantiza, la incertidumbre objetiva habría sido vigorosamente alegada por su parte en el sub lite. IV.3. Omisión de tratamiento de argumentos dirimentes: Manifiesta que el aspecto precedentemente cuestionado (postulación de la inexistencia de incertidumbre por la convicción que ostenta el actor respecto de sus derechos) no sólo resulta ilógico, sino que también constituiría un palmario vicio de motivación por cuanto ignoraría una alegación crucial y dirimente esgrimida por su parte al expresar agravios de apelación, alegación que no habría gozado de tratamiento alguno en el fallo en crisis. Para certificar ello, transcribe literalmente el contenido de la censura llevada a conocimiento de la Alzada en este sentido donde se habría distinguido entre incertidumbre objetiva y subjetiva, así como explicitado la relevancia sólo de la primera como recaudo de admisibilidad de la acción declarativa de certeza. Idéntico déficit motivacional enrostra al  pronunciamiento al no haberse pronunciado sobre su agravio apelativo vinculado a la inexistencia de acción de condena de ningún tipo intentable contra la demandada. Argumenta que el juez de primer grado aseguró que su parte contaba con acciones de condena y con los medios para defenderse de la que hipotéticamente  pudiera iniciarle la demandada, y asegura que contra tal reflexión su parte se agravió en la Alzada. Sin  3 embargo, sostiene, la Cámara no habría dado respuesta alguna a su censura apelativa, limitándose a reiterar lo mismo que lo dicho por el inferior. V. Así ensayada la crítica corresponde ingresar al análisis de la misma. Sin perjuicio de ello, anticipo criterio en sentido adverso al pretendido por el recurrente toda vez que la solución acordada en el fallo en crisis resulta ajustada al derecho adjetivo vigente y no adolece de ninguno de los vicios lógicos que el impugnante pretende enrostrarle. Doy razones: VI. Como el propio interesado lo reconoce en su presentac ión directa, el embate casatorio tiene por principal objeto discutir “cuáles son los  presupuestos procesales de admisibilidad de la acción declarativa de certeza que prevé el art. 413 del CPCC, y muy en particular, en qué consiste el estado de incertidumbre que es requisito para la admisibilidad formal de tal acción” (fs. 59). Por lo demás, la sola lectura del memorial casatorio evidencia que los agravios se dirigen  –  en última instancia- a cuestionar el sentido y alcance acordado por los Tribunales de Mérito intervinientes al recaudo procesal de “estado de incertidumbre”. Por ello, simplificando la materia sometida a  juzgamiento, corresponde efectuar el tratamiento conjunto de las diversas censuras planteadas, expidiéndose este Alto Cuerpo sobre la interpretación que cabe acordar a la norma de naturaleza procesal comprometida (art. 413 del C.P.C.C), y así verificar si se configura o no el vicio in procedendo denunciado. VII. El art. 413 del CPCC dispone: “El que ostente un interés legítimo puede entablar acci ón a fin de hacer cesar un estado de incertidumbre, que le causa perjuicio sobre la existencia, alcance o modalidad de una relación jurídica, aún sin lesión actual”. Conforme se induce del tenor literal de la norma transcripta son presupuestos mínimos de viabilidad de la acción declarativa de certeza, al menos, los siguientes: 1) Un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidad de una relación jurídica y 2) Que tal incertidumbre apareje un daño a quien la ejerza. Reconociendo que  –  vía doctrinaria y jurisprudencial- se han añadido a tal nómina otros requisitos de admisibilidad y procedencia (materia que no es objeto de pronunciamiento en esta oportunidad), lo cierto es que el recurso sub júdice se centra en controvertir el sentido y alcance de la primera de las condiciones apuntadas, razón por la cual a ella restringiré el análisis que a continuación desarrollo. VIII. Y avocado a tal estudio, comenzaré por destacar que  –  ciertamente- el “estado de incertidumbre” es lo que fundamenta propiamente la acción declarativa, toda vez que con la misma no se persigue un pronunciamiento  judicial de condena respecto del cumplimiento de una determinada obligación, sino sólo determinar el alcance de una relación jurídica.- Dicho de otro modo, la acción meramente declarativa tiende a que se establezca el modo de ser de una determinada relación jurídica, no para procurar una condena por el incumplimiento de una obligación o para la constitución de una relación jurídica distinta, sino para definir -a través del imperio jurisdiccional- una situación de falta de certeza acerca de la existencia o de las modalidades de un derecho, de allí que el recaudo del “estado de incertidumbre” se erija en un requisito medular. Ergo, si no se verifica un estado de incertidumbre a subsanar o clarificar el remedio previsto en el art. 413 del CPCC deviene improcedente. IX. La voz incertidumbre admite distintas acepciones. Así, conforme la Real Academia, un primer sentido alude a la “falta de certidumbre”, y en una segunda acepción se hace mención de la “duda” como significado de la palabra. En lo jurídico, la cuestión es aún más compleja. La incertidumbre, y más específicamente el “estado de incertidumbre” al que alude la ley procesal  para la viabilidad de la acción declarativa, se erige claramente como: IX.1. Una noción agravada o calificada, que  –   por su propia naturaleza- se distingue y diferencia de la incertidumbre o albur que  –  en cierto sentido- entraña todo pleito. En efecto, es un lugar común que en todo conflicto intersubjetivo planteado  judicialmente hallamos un estado de incertidumbre acerca de la existencia de un derecho o relación jurídica contestada. Así, toda cuestión litigiosa presenta algún grado de no-certeza sobre los términos en que será resuelta y decidida. Sin embargo, el estado de incertidumbre al que alude el art. 413 del CPCC no equivale a esta inseguridad o imprecisión litigiosa genérica de cualquier relación jurídica y que así se impone en orden a la variabilidad de criterios que desde el razonamiento jurídico-práctico-prudencial- se pueden ensayar y por lo cual, la tesis de solo el resultado de una respuesta correcta en la decisión, deviene inaceptable por la incuestionable realidad de la praxis judicial, que hacen de la argumentación forense la plataforma suficiencte de la respuesta posible en correcta. Si ello fuera de este modo se desnaturalizaría por completo el ordenamiento procesal civil toda vez que debería aceptarse que -frente a cualquier duda- la acción meramente  4 declarativa funcionara como paso previo para la satisfacción de los derechos o el cumplimiento de las obligaciones. Con ello, la dubitación constante sería una práctica judicial amparada procesalmente, lo cual, huelga por su dislate. Ello, a más de tener virtualidad para provocar un inaceptable colapso del sistema  judicial, implicaría una clara afectación al principio de economía procesal posibilitando que una situación  jurídica dada fuera objeto de análisis en dos procesos diversos al habilitar el planteamiento indiscriminado de acciones que se agotan sólo en una declaración por la simple razón de existir dudas o incertidumbres. Al respecto, enseña Colombo que: “se opone a la economía procesal la admisión de la acción meramente declarativa: cuando el actor se halla en la posibilidad de conseguir la certidumbre jurídica por el camino más amplio de la sentencia de condena” (COLOMBO, "Código Procesal Civil y Comercial comentado", t. III, p. 89, núm. 18). Por ello, la incertidumbre que requiere la acción declarativa de certeza posee andarivel propio, diferenciado de la incertidumbre que siempre embarga a cualquier litigante en un proceso de condena. Se trata de un estado de duda y de zozobra que, a más de objetivo, debe reunir las características de ser genuino, serio, trascendente y generador de perjuicio (o susceptible de generarlo). Debe tratarse de una inseguridad cierta y dirimente sobre la extensión y alcance de una relación jurídica que aún no ha ingresado a un estadio litigioso y que sólo pueda ser subsanada a través de una acción meramente declarativa destinada exclusivamente a acordar certeza a esa relación. IX.2. Un concepto indeterminado e indefinido cuyos límites y alcances deberán ser ponderados en cada caso por el Tribunal. Así, la presencia y gravedad del estado de incertidumbre deberá ser evaluada en cada caso concreto, a efectos de determinar la procedencia o no de la acción. IX.3. Sin perjuicio de ello, se han ido delimitando pretorianamente, distintas notas o sesgos que debe reunir tal estado de duda para resultar habilitante de la acción. Verbigracia, se ha apuntado, la necesidad de que la incertidumbre sea “jurídica” en el sentido de que la falta de certeza refiera a derechos y deberes, a relaciones jurídicas; o de que sea “concreta” descartándose con ello las cuestiones abstractas,  puramente especulativas o académicas. El nudo gordiano de la discusión en el caso de marras radica en otra nota del estado de incertidumbre cual es su naturaleza; esto es, si debe tener un sustento objetivo, o un fundamento subjetivo. Desde esta perspectiva, la certeza  –  en su faz objetiva- se vincularía con la verdad de una realidad determinada, mientras que  –  desde un ángulo subjetivo- se relacionaría, más que con la realidad de esa situación, con la firme creencia del sujeto sobre su veracidad. Y  –  como lo anticipara- este es precisamente el  punto de discusión. Conforme lo decidido por los Tribunales intervinientes, si no hay incertidumbre subjetiva la acción resulta improcedente. Por ello, es que el juez de primer grado sostiene que: “...los propios dichos  del actor excluyen la concurrencia de un estado de incertidumbre que pudiere justificar la actuación  jurisdiccional (...) La actora afirma una serie de hechos de manera incontrastable (...) el demandante no expresa duda alguna respecto de cual ha sido el objeto del contrato y la interpretación que del mismo correspondía hacer” (fs. 12). Y, en la misma inteligencia es que la Cámara apunta: “Nos preguntamos cuál es la incertidumbre que aqueja a la apelante, pues ella misma admite tener una posición claramente asumida en torno a sus derechos”, para –  luego de transcribir parte de la demanda- afirmar que “Tales términos evidencian a todas luces la inexistencia de la necesaria incertidumbre (...) Si tan segura está la recurrente del contenido y alcance de los derechos y obligaciones que le competen, no precisa la declaración jurisdiccional de ninguna certeza” (fs. 23vta.) . Para el recurrente –  en cambio- tal certeza personal resultaría irrelevante, desde que lo único exigible  –  a título de recaudo de procedencia de la acción- sería la incertidumbre objetiva. X. Conforme a ello, y centrado en la materia sometida a juzgamiento, cabe preliminarmente destacar que tanto la doctrina como la jurisprudencia son contestes en orden a la necesidad de que el estado de incertidu mbre tenga un basamento objetivo. Así se ha expuesto que: “...el interés del demandante para que se  profiera la sentencia declarativa solicitada, debe estar vinculado con algún hecho o acto que pueda srcinarlo no sólo con su apreciación subjetiva sino con una duda objetiva relacionada con el enmarcamiento de una determinada relación jurídica” (ENDERLE, Guillermo J., La pretensión meramente declarativa, Librería Editora Platense SRL, Bs. As., 1992, p. 94). En la misma línea se ha resuelto: “No basta que el titular de un derecho se encuentre incierto sobre el propio derecho sino que es necesario un acto o hecho exterior objetivo tal que haga incierta la voluntad concreta de la ley en la mente de toda persona normal” (CNCiv., Sala G,  5 29/04/83, LL 1983-G. 510). Por lo tanto, y aún cuando no media controversia sobre el punto, ninguna duda cabe en orden a que el recaudo de “estado de incertidumbre” debe necesariamente corresponderse con la realidad objetiva y encontrar en ella un sustento de la duda que embarga al accionante. XI. Sin embargo, afirmar que el estado de incertidumbre deba tener un basamento objetivo no elimina la otra condición del  presupuesto bajo la lupa, cual es la necesidad de que el estado de incertidumbre sea también propio del sujeto que acude a los estrados judiciales por la vía de la acción declarativa. Para que se configure el estado de incertidumbre al que alude la norma del art. 413 del CPCC no basta con que la relación o situación jurídica tenga objetivamente ribetes pocos certeros en función de las distintas interpretaciones que las partes  proponen a su respecto, sino que debe  –  insoslayablemente- existir en el actor una duda seria y genuina acerca de la extensión y alcance de la relación jurídica, y no una pretensión de un derecho. Conforme lo dispone el  propio art. 413 del CPCC sólo se puede proponer una acción de declaración de certeza cuando el actor tenga interés en ello. Y ese interés, enseña la doctrina especializada “deberá considerarse existente siempre que esté  presente la falta de certeza....” (Conf. HEREDIA, Pablo –   AREAN, Beatriz, comentario al art. 322 en HIGHTON  –   AREÁN, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado con los códigos  provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Hammurabi, Bs. As., 2006, T. 6, p. 322). Por lo tanto, es indispensable que la incertidumbre no sólo cuente con un reflejo objetivo sino que, además, justifique y fundamente el interés del actor en accionar desde una perspectiva subjetiva. Es que, si no existen inquietudes serias y genuinas en el sujeto acerca de la exactitud o verdad de la realidad jurídica no se comprende por qué se acudiría a la vía de la acción declarativa de certeza, cuyo objeto  –  insisto- no consiste en la satisfacción de un derecho que se afirma preexistente, sino que se limita a despejar las dudas sobre una determinada situación jurídica. El interés de acudir a la acción declarativa existe cuando el actor se encuentra en un estado de incertidumbre perjudicial que puede ser removido mediante una decisión judicial de certeza, a tal punto que sin ésta sufriría un daño. Así, nuestro más Alto Tribunal Nacional, ha dicho que existe un interés legítimo que autoriza la vía de que se trata si la “falta de certidumbre” en la declaración solicitada determina la real posibilidad de que surja una controversia judicial (Conf. CS, 30/05/79, ED, 78-721). Por el contrario, si el pretensor no tiene duda alguna sobre la relación jurídica, sino seguridad y certeza sobre los alcances y modalidades de la misma, el remedio específico se torna inadmisible; no hay interés digno de tutela, desde que a falta de incertidumbre subjetiva la pretensión de la parte no se encuentra direccionada a una mera declaración que disipe tal incertidumbre, sino a una decisión jurisdiccional de condena ajena a la presente vía. Admitir la viabilidad de la acción cuando el demandante no vacila sobre la relación que le afecta o compromete, implicaría claramente desnaturalizar la utilidad a la que está destinada esta vía. Recuérdese, en esta línea, que la jurisdicción de mera declaración se centra en la necesidad de poner fin a un estado de incertidumbre, con el epílogo de una decisión que, sin añadir nada a lo ya acontecido, se limita a la declaración de “certeza” sobre lo hasta entonces sucedido toda vez que su obje tivo no está en indagar si el derecho pregonado es cierto o no, sino que sólo finca en lo perturbador de una situación incierta. Luego, si nada perturba al pretensor, si ninguna duda le embarga, y si  –   por el contrario- tiene certeza (por estar así absolutamente persuadido) de la existencia y extensión de la relación jurídica, la apelación al remedio de la acción declarativa de certeza resulta inaceptable, toda vez que en todos los casos ella no tendrá por objeto que el imperio jurisdiccional despeje dudas que no tiene, sino que su finalidad será  –  explícita o implícitamente- que esta satisfagan derechos que se entienden preexistentes (lo que, como se vió, resulta ajeno a la acción del art. 413 del CPCC). En la misma corriente de pensamiento se ha dicho que: “ La solución parece clara, pues qué ‘duda’ existe acerca de determinada afirmada relación jurídica cuando se tiene la ‘certeza’ de que nada adeuda. Por ello resulta claro a nuestro entender que no puede proceder la denominada ‘acción meramente declarativa’ cuando la parte actora, como fundamento de su demanda, lo que  pretende es la satisfacción de un derecho que afirma existente” (Conf. GONZALEZ CASTRO, Manuel A., La acción meramente declarativa, Alveroni, Cba., 2007, p. 225). Y la jurisprudencia  –  abrumadoramente mayoritaria- tiene resuelto en análogo sentido que: “Mal puede hablar sobre la existencia de incertidumbre cuando quien promueve la acción meramente declarativa tiene en claro que no es deudor de su adversario. Y
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