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Universidad de Guadalajara Centro Universitario de Los Lagos

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   Universidad de Guadalajara Centro Universitario de Los Lagos Materia: clínica sobre el principio de convencionalidad en el sistema jurídico mexicano PROFESOR: URIEL ROMO RUVALVABA ALUMNO: JUAN RODRIGUEZ ANGEL ENCARNACION DE DIAZ AGOSTO DEL 2019  Origen del control de   convencionalidad, concepto, particularidades y su impacto en el caso de México  Si bien es cierto que el término control de convencionalidad es de reciente manejo y configuración en México, también es cierto que la actividad relacionada con el uso del canon internacional de los derechos humanos por los operadores  jurídicos nacionales se presentó, a pesar de las resistencias señaladas, desde fechas previas a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de laño 2011, e incluso antes de la Sentencia Radilla Pacheco vs México, dictada por la Corte Interamericano de Derechos Humanos en2009, que posteriormente catalizó el debate en nuestro país sobre la aplicación del referido término. Ejemplos por demás pedagógicos e ilustrativos fueron algunas resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales nacionales aunque, cabe aclarar, tal comportamiento fue de forma aislada y marginal; sin embargo, refleja cierta tendencia de los entes nacionales de acudir a los instrumentos internacionales para auxiliar sede ellos y resolver dilemas jurídicos. Especial mención merecen por la fecha en que fueron resueltos y la forma en que los abordaron, algunos asuntos relacionados con el ámbito político-electoral, como lo fue, en primer término, un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano que resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el número de expediente SUP-JDC- 85/2007; en este se realizó un ejercicio relevante para el tema que nos ocupa, pues surge por una negativa de la autoridad administrativa responsable de los trámites de inscripción al padrón electoral para expedir una credencial para votar a una persona, bajo el argumento de existir información de un juzgado del ámbito penal, en el cual se dictó en contra del solicitante un auto de formal prisión por el que suspenden sus derechos políticos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 38 Constitucional, al actualizarse el supuesto de estar sujeto a un proceso criminal que merezca penal corporal, y haberse dictado el referido auto de formal prisión.  Ante ello, se considera pertinente analizarlo, desde la siguiente perspectiva:  a) La autoridad administrativa partió de un criterio riguroso delimitación de los derechos políticos, invocando una disposición constitucional. b) Sin embargo, el máximo órgano jurisdiccional en materiaelectoral en México, en un hecho por demás significativo y de carácter garantista, acudió al auxilio del canon internacional delos derechos humanos, en el sentido de ampliar el significado de la norma constitucional recurriendo a los convenios internacionales celebrados por el Estado mexicano, señalando que dichos tratados amplían la esfera de libertadas de los gobernados y comprometen al Estado a realizar determinadas acciones en su beneficio, al considerar estos como normas supremas de la unión y constitucionales válidas. Ante ello, en cumplimiento a la presunción de inocencia y los derechos de participación política contenidos en dichos instrumentos, se ordenó la expedición dela credencial de votar, pues aún no había sido condenado. c)Para tal efecto, la autoridad jurisdiccional invocó diversos tratado internacionales ratificados por el Estado mexicano, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 25 establece la no restricción indebida, entre los que se encuentra el derecho de participar en los asuntos públicos, el votar y ser votado; de igual manera, recurre a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, citando su artículo 7, que contempla el derecho de libertad personal y los derechos de las personas detenidas y, sobre todo, el artículo 8 que establece la presunción de inocencia. d) Así mismo, el citado Tribunal se auxilió de la interpretación dada al citado artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos por parte del Comité de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas que, en la Observación General número 25 de su 57° período de sesiones en 1996, estableció que: «a las personas a quienes se prive de la libertad pero que no hayan sido condenadas no se les debe impedir que ejerzan su derecho a votar». e) También, en un hecho significativo, fundó el principio de presunción de inocencia, en el reconocimiento que del mismo realiza tanto la Declaración  Universal de Derechos Humanos en su artículo 11, como la Declaración  Americana y Deberes del Hombre en su artículo XXVI. ESTABLECIMIENTO EN MÉXICO  El referente que de alguna manera vino a catalizar el uso del término control de convencionalidad fue, sin duda, el asunto conocido como asuntos varios 912/2010, el cual fue resuelto en julio de2011, a los pocos días de la entrada en vigor de la citada reforma. En este la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó, entre otras cosas, el cumplimiento por parte del Estado Mexicano de la Sentencia Radilla Pacheco dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en especial lo que correspondería al Poder Judicial de la Federación, en razón de que se ordenó una serie de medidas de reparación, por las que diversas autoridades del país, entre ellas los jueces, se vieron obligadas a establecer un conjunto de criterios para determinar la compatibilidad de una ley con la Constitución y los tratados internacionales (caso particular el Código de Justicia Militar, en relación al fuero militar). Tal hecho significó, en opinión de Eduardo Ferrer Mac-Gregor, un importante avance y precedente para establecer en México el control difuso de convencionalidad e, incluso, aceptar de igual manera el control difuso de constitucionalidad. Sin embargo, como el mismo autor lo reconoce, no se comparte el hecho de que en el citado asunto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera por mayoría de sus miembros, entre otras cosas, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos era de carácter vinculante solo en el supuesto de que el Estado mexicano hubiera sido parteen el litigio, limitándose así su aplicación cuando no lo fuera, y lo expresó de la siguiente manera: Por otro lado, el resto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana que deriva de las sentencias en donde el Estado mexicano no figura como parte, tendrá el carácter de criterio orientador de todas las decisiones de los jueces mexicanos…    Lo anterior es contrario a lo resuelto por distintos tribunales nacionales de países en el ámbito interamericano, en el que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana no solamente es de carácter vinculante, sino que además le asignan el valor de norma interpretada e, incluso, la integran al bloque de constitucionalidad, como es el caso específico de la vinculación en Argentina, República Dominicana y Perú; de norma interpretada en Costa Rica o Bolivia, que la integra al bloque de constitucionalidad. Pero, sobre todo, el actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue de alguna manera contradictorio a lo establecido en la propia reforma constitucional en su artículo 1°, la posibilidad de realizar la interpretación conforme con los tratados internacionales de las normas relativas a los derechos humanos; es decir, mandata a recurrir al auxilio del canon internacional de los derechos humanos por disposición constitucional, como una cláusula de apertura clara a las fuentes jurisdiccionales en sede internacional. Sucedió, entonces, que la apertura constitucional al orden internacional para la protección de los derechos humanos dada con la reforma de 2011, se puso en riesgo de verse limitada por los criterios impuestos a los órganos de impartición de justicia, pues, en el caso de México, la Suprema Corte la sujetó inicialmente al condicionamiento de la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, siempre y cuando el Estado fuera parte de un litigio internacional.  Ante ello, cabe resaltar que las obligaciones internacionales que tienen los Estados les han sido atribuidas no por la vía impositiva de un orden internacional que no les reconoce autonomía, sino por una decisión que el propio Estado ha tomado en el ejercicio de su soberanía y que ha manifestado mediante la firma y ratificación de instrumentos internacionales para integrarse a un orden supranacional de protección.  Así, este primer paso dado por el máximo tribunal mexicano, reflejó un grado de resistencia hacia las fuentes jurisdiccionales que emanan más allá de las fronteras nacionales. Sin embargo, la limitación expresada anteriormente sobre los efectos
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